ESTUPEFACIENTES EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA - RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A LOS MENORES - LOS RESPONSABLES REALES Y LA LEGITIMACIÓN PASIVA. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. 

Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.

 

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No es el caso puntual de esta página el definir o redefinir el concepto de familia sino el de "grupo afín" que, en una medida muy importante, desplaza el tradicional concepto de familia, aunque este hecho no se analice socio lógicamente, el "grupo afín" es de mayor incidencia que la familia en lo tocante a las verdaderas motivaciones de vida individuales en la sociedad contemporánea.

Estos grupos se forman a partir de condiciones que dificultan el control paterno sobre los hijos. Se gestan como consecuencia de una vinculación mas o menos prolongada en tiempo, identidad o similitud de fines y cercanía física.

Cualquier grupo social extra familiar llamado, hoy día, "organización intermedia", entendiéndose por tal, a la que actúa entre el Estado, en cualquiera de sus expresiones orgánicas, y el ejido social, casi no tiene incidencia sobre el control de los patrones de conducta por el cual responden, en responsabilidad civil, por los daños ocasionados por menores de 21 años, los padres, ni tampoco tienen incidencia sobre la conducta delictual de los primeros.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

LEGITIMACIÓN PASIVA.

LA RESPONSABILIDAD POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES.

La fase inicial de inserción social grupal son los establecimientos educativos. Los mismos responden civilmente por los daños y perjuicios que los menores ocasionen.

Los establecimientos educativos responden a tenor del artículo 1117 del Código Civil el que señala que ‘Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que se probaren el caso fortuito.- Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente-.La presente norma no se aplicara a los establecimientos de nivel terciario o universitario.’

La norma en análisis evidencia tajancia en cuanto demuestra que par la exención de responsabilidad debe acreditarse el caso fortuito. Es de tener en cuenta que, el caso fortuito es el que no ha podido preverse, y de preverse no era posible ser evitado ( art. 514 del Código Civil ).

La doctrina de los autores y la judicial, en general, han suavizado la clara letra de la ley sosteniendo que, debe existir una "posibilidad de vigilancia", aún cuando se encuentren los menores bajo control, lo que se entiende, ocurrido cuando los menores se encuentran dentro del establecimiento. 

Que el deber de vigilancia o cuidado esta siempre unido a la posibilidad de control del responsable y, si dicha posibilidad no ha podido ejercerse. no existe responsabilidad del establecimiento educativo.

Así el caso del autodaño que se provoque un menor, caso en el cual se ha tornado indispensable la prueba de la culpa del docente a cargo.

Así se ha echado mano a la disposición del art. 1111 del C. Civil, el cual dice "El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna."

EL art. 1117 que he trascripto no hace una relación entre daños "causados" o "sufridos". "Causados" tiene independencia del "sufrido", y, por consiguiente, aquel que "sufre" un daño dentro del establecimiento educativo, está alcanzado por la norma del art. 1117 del C. Civil.

Claro está que un auto daño puede resultar poco previsible, pero, sin embargo, la norma citada, impone una clara responsabilidad. Pongamos por caso que un adolescente atente contra su propia vida. De acuerdo a uno u otro parámetro habrá o no responsabilidad del establecimiento educativo.

Los padres o el tutor pierden la guarda, cuando el niño ingresa al Establecimiento Educativo, de sus hijos o pupilos, confiándola, al establecimiento.

Y, por otro lado, cada uno de los alumnos tienen una "individualidad" o personalidad distintiva de los demás, por lo que, el tratamiento "en genérico" no puede ser un eximente de acuerdo a esta norma. Los padres tienen impedido el ingreso y la guarda compartida, por lo que resulta que debemos entender, que, el menor, al salir de un entorno familiar, se ha introducido en otro, semejante a una "organización intermedia", cuyo análisis demuestra, que, por la unión, no biológica, pero sí de fines, cercanía física y duración temporal, le asemeja a una familia, en el sentido de "grupo afín" que señalábamos supra.

Por supuesto, no se nos debe escapar lo dificultoso de ese control, lo magro del sueldo docente. Pero el control "cualitativo" de ciertos alumnos y la propia insuficiencia de personal, hacen precisamente al caso fortuito, en cuanto el mismo como eximente de responsabilidad, en, precisamente, lo exiguo del personal de control, lo que hace a lo inevitable de ciertos sucesos.

No puede ser considerado "caso fortuito" el desconocimiento de la personalidad defectuosa del menor, pues, es un requisito que el hecho dañoso se produzca en ocasión de la actividad educativa.

Siguiendo la línea de ir contra la clara letra de la ley, un voto disidente de la Dra. Kogan, en un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ésta señaló que: "Es improcedente la demanda de daños y perjuicios incoada contra un establecimiento educativo con fundamento de las lesiones que padeció un alumno al chocar con otro durante el recreo, ya que el hecho constituye un caso fortuito por cuanto, las consecuencias de estas actividades resultan imposibles de evitar y tienen virtualidad exonerativa de responsabilidad" ( Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires • 03/04/2008 • I., P. J. y otro c. Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires • LLBA 2008 (mayo), 371 ).

En cambio la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires,  en dicho fallo, por la mayoría se sostuvo que: "Debe admitirse la demanda de daños y perjuicios incoada contra la Provincia debido a las lesiones que padeció un alumno al ser embestido por un compañero durante un recreo en un establecimiento educativo —en el caso, disminución de la visión—, pues, se encuentra acreditado que la víctima se encontraba bajo el control y responsabilidad del personal docente al momento del hecho, y que éste ocurrió por la imprudencia y negligencia con la que se faltó al cumplimiento de la obligación de seguridad, implícita en la de enseñar."

No existen mayores inconvenientes interpretativos en lo tocante  a siniestros de tránsito ocurridos en la vía pública la responsabilidad claramente, se advierte, que excede el marco geográfico del edificio del Establecimiento Educativo: a la salida del establecimiento, incluso, por ese mismo deber de guarda, se extiende la responsabilidad.

En este sentido la jurisprudencia ha sido terminante en decisiones como la que sigue: "No hay diferencia alguna en la labor educativa según se preste dentro o fuera del establecimiento escolar. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, esa diferencia de lugares es intrascendente en orden a la responsabilidad de los docentes. Es más, puede afirmarse que el deber de cuidado o seguridad se acentúa ante la realización de un viaje educativo oficial a muchos kilómetros de distancia y con la permanencia de un numeroso grupo de adolescentes lejos de sus hogares y sin la vigilancia de los padres" ( Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II • 12/10/1995 • M., J. G. y otros c. Ministerio de Educación y Justicia --Secretaría de Educación--. • LA LEY 1997-E, 1022, (39.823-S)

En esto tiene sentido claro el deber de guarda o vigilancia, por lo que la jurisprudencia ha mantenido que:

 Se ha señalado, al respecto que: "El establecimiento educativo demandado es responsable por los daños que sufrió un alumno al ser embestido por un automóvil al momento de la salida de la escuela, pues si bien dicho siniestro ocurrió fuera del ámbito del establecimiento, no había transcurrido un considerable lapso de tiempo desde el horario de salida, lo cual lo obligaba a los docentes ejercer la guarda efectiva sobre los alumnos durante ese período" ( Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H • 18/12/2007 • C., J. del C. y otro c. Vázquez, Gonzalo y otros • LA LEY 23/04/2008 ).

Por consiguiente, la responsabilidad no se circunscribe a lo que sucede en el interior del edificio del establecimiento, sino, que abarca también, a modo de ejemplo, a las actividades que, vinculadas a la educación se producen fuera de dicho recinto, como suele ocurrir con actividades deportivas, viajes organizados por el instituto educacional, sean de estudio, investigación, recreación, talleres externos, coordinaciones de visitas con otros colegios, etc.

Pero mas benevolente es la justicia en cuanto al alcance que debe dársele a la exención de responsabilidad por caso fortuito y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha señalado, generosamente que: "La expresión caso fortuito contenida en el art. 1117 del Cód. Civil -redacción impresa por la ley 24.830 (Adla, LVII-C, 2899)- como única eximente, debe ser entendida en sentido amplio, comprensiva de todo hecho que se presente como imprevisible e inevitable, caracteres que puede, excepcionalmente, tener la conducta de la propia víctima cuando el menor tiene más de diez años. Para la determinación de tales recaudos debe atenderse a las circunstancias del caso, y especialmente a la edad del menor "  ( Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires • 08/09/2004 • Bava, María A. y otra c. Provincia de Buenos Aires • LA LEY 2005-A, 862, con nota de Cristian J. Araujo ).

No es de considerar que es doctrina judicial sea acertada, puesto que establece parámetros abstractos, como lo es la edad de 10 años y la propia conducta del alumno que ha sufrido el daño

La norma citada no establece una responsabilidad objetiva del Establecimiento Educativo, ni del docente. Por supuesto el jugador siempre debe atender a las específicas particularidades que presenta un caso, pero, lo del "sentido amplio" resulta en una equivocidad, pues, por el contrario, los alumnos de ciertas edades, por lo general, participan de las mismas conductas, resultando, a la inversa, previsibles la mayor parte de las mismas en edades iguales. Por otro lado, una conducta singular, debe ser muy extrema, y partir de desinformaciones lógicas, derivadas de cuadros estadísticos que demarcan conductas que, aunque ínfimas, están presentes en datos de la realidad cotidiana.

La información, no sólo puede provenir de una estadística de conducta rescatable por simple experiencia, sino por la propia conducta que de continuo mantuvo un alumno. Los docentes no poseen, por lo general, una preparación aguda en la percepción de tipos de alumnos, siendo aceptable, que, cualquiera fuese la edad, rápida e inesperadamente, un tipo de alumno, avisorado en cierto tipo de conducta, bruscamente la cambie, por problemas psicológicos ocultos al ojo docente. Por ejemplo, el caso de quien observaba una conducta meramente traviesa, y, repentinamente, utiliza un arma. Suele ocurrir que, el "docente", queda sorprendido, "despistado", por así decir, en cuanto a la información, que a su parecer, y por mera observación, poseía de un alumno, conforme su criterio clasificatorio.

Por lo tanto, las mentadas "circunstancias que presenta un caso", deben ser analizadas, para hablar de "caso fortuito", mas que en las edades, en el rango clasificatorio del alumno en sí, conforme cuadros estadísticos de elaboración incluso propia del docente o del Establecimiento Educativo, y de la propia información que suministre el propio alumno conforme sus propios actos, o actos habituales.

De allí, que, "caso fortuito", en cuanto comportamiento de alumnos se refiere, habrá de ser, el que objetivamente sorprenda. Y, por consiguiente, el denominado "caso fortuito", no puede sino darse en supuestos excepcionales, por lo que, las palabras de la Corte Bonaerense, incuso, cuando habla de "todo hecho", en nada fija un parámetro interpretativo, y genera confusión y muy probablemente, incorrecta aplicación, de la ley, por los tribunales inferiores a la Corte.

Mas clara es la Corte mendocina, en tanto doctrinariamente, ha dicho: "El nuevo art. 1117 del Código Civil -según la redacción impresa por la ley 24.830 (Adla, LVII-C, 2899)- se encuentra signado por las siguientes líneas directrices: a) abandona la culpa presumida del docente, por lo que quien pretenda hacer responsable al docente o al director del colegio debe probar su culpa; b) consagra categóricamente la responsabilidad objetiva del centro de estudios; y c) establece un régimen único, eliminando en este ámbito la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual" ( Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I • 20/02/2003 • Mattus, Jorge C. c. Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza • LLGran Cuyo 2003 (junio), 371 ).  

En todos los casos, y de cualquier manera, previo a un litigio, habrá de ser conveniente hacer un examen previo en lo tocante a la aptitud docente, organización del alumnado, conforme clases de conducta de los distintos alumnos, pues, no es lo mismo agrupar alumnos que mantienen una cierta corrección de comportamiento con otros desalineados, y, examinar, con algún cuidado, qué medidas toma el Establecimiento para mejorar o adaptarlos en un conjunto que tienda al progreso y a un compañerismo duradero con el objetivo de hacerlos afines y de darles las mayores posibilidades, para insertarlos en organizaciones intermedias ( laborales especialmente ) de utilidad social final.

En cuanto al seguro obligatorio, en la Provincia de Buenos Aires,  la Dirección General de Cultura y Educación, cuenta con un seguro escolar contratado con "Provincia Seguros", a través de la cual todos los alumnos regulares de los establecimientos de la DGCyE (oficiales y privados), se encuentran amparados contra el riesgo de incapacidades parciales y totales de orden permanente y para cubrir gastos de asistencia médica y farmacéutica.

LEGITIMACIÓN PASIVA.

El legitimado pasivamente - sujeto reclamable - no es el docente, sino "el propietario" tal como menciona el art. 1117 del C. Civil, Ante lo cual cabe forjarse esta pregunta: ¿A quien debo reclamar o demandar? En principio, ni al director ni al docente. En el caso de Escuelas estatales, serán los Estados Nacionales, Provinciales o Municipales, conforme su dependencia, a través del órgano organizador. Sin embargo, no es necesario determinar éste, específicamente, bastando que el Poder Ejecutivo de cada uno de los Estados, reciba la demanda. No presenta problemas "el propietario" del establecimiento privado. Por, "propietario", en este último caso, debe entenderse al "dueño", y es tal, no el titular del fundo de terreno donde se eleva el establecimiento, sino a quien emplea a la organización escolar y obtiene ganancias de emprendimiento. Es en tal sentido que la demanda debe enderezarse contra "el titular del establecimiento", no del fundo donde se emplaza la edificación.

Sin perjuicio de lo recién expuesto, para el supuesto en el que se demostrase culpa, grave negligencia o intencionalidad del docente, celador o, respecto de cualquier persona que, conforme a la organización de la institución, o de las circunstancias particulares del caso, ha podido o debido controlar la guarda de los menores, ya sea, por la ocasión en la que se produjeron los hechos, ya sea por ser, específicamente, la persona encargada de la guarda, y se puede demostrar, respecto de estas personas, culpa, intencionalidad, omisión grave, negligencia en cualquiera de sus formas, sea que se trate del encargado específico, sea que se trató de un dependiente que, "en ocasión" de ocurrir un hecho dañoso, pudiendo evitarlo, omitió un accionar que pudo haberlo impedido, pueden, éstas, ser personas co rresponsables ante los daños y perjuicios ocasionados a los menores.

LA RESPONSABILIDAD POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES.

En el supuesto de consumo de estupefacientes en los Establecimientos educacionales, no existe norma alguna que exima de responsabilidad al denominado "propietario" ( del mencionado establecimiento ). Pero, por lo común, son hechos claramente visibles, a una inspección mas o menos ligera. De donde podríamos hablar, hasta cierto punto, del problemático "auto daño" mencionado párrafos mas arriba, que contempla el art. 1111 del Código Civil que se reitera en su trascripción seguidamente: "El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna.".

Si estamos de acuerdo con la aplicabilidad de esa norma aún delante del texto del art. 1117 que aquí se comenta, no existiría, en ningún caso, responsabilidad civil en los establecimientos educativos por el daño que uno o mas menores se infligieran a sí mismos, salvo el caso, bastante frecuente, de narcotráfico, dentro de los mismos colegios.

Con bastante frecuencia, sucede que, a los efectos de generar una adicción, ciertas personas vinculadas al tráfico de drogas, revolean, por encima de los muros del instituto educativo, drogas. Es esta una hipótesis, en la que suelen generarse adicciones y forman parte de lo previsible en los términos del art. 902 del Código Civil.

El mencionado artículo sindica la responsabilidad por lo previsible, conforme al curso normal y ordinario de las cosas. Señala que "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos"

Dicha norma nos obliga a pensar de manera actualizada, conforme un conocimiento de las realidades, respecto de las cuales, el personal dependiente debe estar debidamente actualizado.

Y, en tal caso, si se puede probar que el menor, no era, anteriormente adicto, y, que dicha adicción, pudo tener lugar como consecuencia de ese obrar descrito, con el objeto de generar, por parte del distribuidor de droga, el objetivo de lograr consumidores, probadas estas circunstancias, el instituto educativo, es responsable por la falta del debido control, tnto en lo que respecta a la adquisición del hábito, cuanto en el daño que dicho hábito genera en el pequeño y nuevo consumidor.

Y, al respecto, basta con acreditar medianamente, que esos hechos tuvieron lugar, debiendo bastar con demostrar la carencia de hábito anterior, la frecuencia de la práctica estratégica de los narcotraficantes en la zona y, adicionalmente, una cantidad mas o menos importante del alumnado que adquirió el vicio, o, también, la falta de control del personal en las zonas aledañas a las calles.

Y toda vez que se trata de un hecho, cuyas probanzas directas, son imposibles, habrán de tener que admitirse, equitativamente, medios de prueba que, para otros hechos, resultaría insuficientes por ser meramente indiciarios.

Es en estas circunstancias, donde la flexibilidad judicial habrá de ajustarse a la norma del art. 901 del Cód. Civil que menciona a las "meras posibilidades" elementos suficientes para crear una responsabilidad. ( Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código "consecuencias inmediatas". Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman "consecuencias mediatas". Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman "consecuencias casuales". )

Pero el problema, en general, no se centra, de otras formas o manera de adquisición de esos vicios, en el consumo del estupefaciente, sino, en el momento u oportunidad en la que el menor adquirió el vicio y no en el consumo que, con algún esfuerzo puede ser inspeccionado con éxito.

La responsabilidad establecida en el art. 1117 que tratamos, del Código Civil pudiera, con mucho esfuerzo, hacerse extensiva hasta, incluso el ingreso al establecimiento, aunque no puede ser así, debido y, como consecuencia, de que son los padres o tutores quienes hacen entrega de la guarda al menor, no los Establecimientos Educativos, salvo, que, en la institución. sea parte del servicio de guarda, el mismo transporte. Pero, en principio, esto no es así.

Respecto del daño que, a sí mismos, se generen los menores por el consumo de estupefacientes, dentro de la institución educativa, la misma no puede responsabilizarse, de otra manera, por el vicio que no se pueda acreditar que haya sido adquirido dentro de la institución educativa, o con ocasión de la actividad docente.

Como este consumo se presenta a escondidas, salvo muy graves negligencias del personal dependiente, no puede responsabilizarse al Establecimiento Educativo por el escondido consumo que ocasionalmente escape del control del mencionado personal, tal como ocurre en el caso del consumo de tabaco. No son lugares que los menores escojan para el consumo de cualquier tipo de droga.

Por lo tanto, sería una circunstancia no fortuita, sino ajena a la función educativa, el auto daño que un menor prosiga haciéndose dentro de los recintos de la institución educativa el menor que sigue drogándose dentro del recinto escolar, y, salvo casos como el narrado, que, reitero, suele darse con alguna frecuencia, no son casos que contemple el art. 1117 del Código Civil, por la sola razón de lo lejano que tiene que ver este tema con la actividad o función educativa.

Cercanos, son los casos de pelotazos en un partido de fútbol en actividades recreativas o de gimnasia, pugilato en los recreos, tizasos y hasta agresiones de toda clase ( hasta se han dado supuestos con amas de fuego ), incluso accidentes automovilísticos al salir del colegio, pero no lo es, porque no tiene la menor vinculación cercana con la actividad educativa, ni con el hecho biológico de ser menor, el consumo de drogas como la de los adultos.